Tema 1.1 No Discriminación
No Permisividad
En los Estados democráticos se deben
reconocer, respetar y promover los derechos humanos, para permitir que hombres
y mujeres participen de manera activa e igualitaria en las decisiones de
gobierno.
En la historia de México ha habido una lucha constante para que el Estado reconozca y garantice tanto los derechos que están plasmados en las leyes, como algunos que aún no han sido reconocidos en la normatividad. Sin embargo, en nuestro país es importante promover prácticas democráticas, apegadas a la legalidad y de respeto a los derechos humanos, ya que muchos grupos sociales como las mujeres, los indígenas y los niños aún son víctimas de la violación sistemática de sus derechos.
La discriminación es una de las más graves violaciones a los derechos humanos y su práctica está prohibida en el marco jurídico internacional, nacional y local. De acuerdo con el Derecho Internacional, el término "discriminación" debe entenderse como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en diferentes motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.
La "No Discriminación" es una de las vías para alcanzar la igualdad, es un derecho en sí mismo y una condición previa para el goce y ejercicio de los demás derechos humanos. Por ello, no se alcanzarán condiciones aptas para el ejercicio de los derechos en México, si no se enfrenta la discriminación, la violencia y la exclusión. Nuestro país ha avanzado considerablemente en la lucha contra la discriminación al materializar, en agosto de 2001, una reforma al Artículo 1o. de la Constitución, adicionando un tercer párrafo que textualmente señala:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Tras este logro resultaba indispensable reglamentar la garantía constitucional del derecho a no ser discriminados, por lo que en junio de 2003 el gobierno mexicano promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ordenamiento legal destinado a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, y promover la igualdad de trato. Asimismo, enumera las conductas discriminatorias y dispone las medidas que los órganos públicos y las autoridades federales deberán adoptar a favor de la igualdad de oportunidades de los grupos mayormente discriminados.
Como resultado de la firma y ratificación de diversos instrumentos internacionales, el gobierno de México se ha comprometido a que "todas las autoridades públicas, federales y locales, se abstengan de realizar todo acto de discriminación" y se ha esforzado por garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas sin distinción alguna.